En enero pasado el Ministerio Público tuvo solo a un representante para las actividades judiciales que deben cumplirse en toda la provincia, donde residen 20.000 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Este tipo de fallas preocupa a los directivos del Parque Nacional Galápagos (PNG), quienes identificaron en el 2007 más de 300 infracciones ambientales relacionadas a la contaminación, extracción de recursos naturales, pesca ilegal, actividades turísticas y deportivas no permitidas, entre otras.

Hasta el mes pasado, el fiscal Jaime Esteves se ocupó de la investigación de todos los delitos cometidos en Galápagos, donde se destacó la matanza de 60 lobos marinos; 53 en la isla Pinta y 7 en San Cristóbal, sucesos que trascendieron entre la comunidad internacional que se identifica con este Patrimonio.

Además de esos casos, la Fiscalía de Galápagos se encarga de la denuncia del PNG por la supuesta explotación de la madera matazarno por parte del Municipio de San Cristóbal.

Esteves reconoce que el trabajo de una persona en el Ministerio Público se torna complicado en la región Insular, especialmente por el traslado de una isla a otra para efectuar las diligencias y considerando que los medios de transporte (lanchas rápidas o aviones) no están disponibles a cualquier hora.

El fiscal aún recuerda lo dificultoso que significó efectuar el reconocimiento del lugar de la matanza de los lobos de Pinta. “Fueron más de cuatro horas de viaje en lancha, en un mar agitado”, comenta el funcionario antes de recalcar que ese tipo de diligencias demandan “mucho tiempo” lo que impide continuar con otros casos en la forma que se requiere.

Los representantes del PNG (que usualmente facilita recursos de movilización) tienen quejas del accionar de la Fiscalía. Su directora, Raquel Molina, manifiesta que en algunas ocasiones funcionarios de la entidad deben presionar al Ministerio Público para que agilice las investigaciones.

El fiscal Esteves rechaza esa declaración y dice que en realidad “es todo lo contrario”. “Ellos son los lentos. Yo les mando que me hagan un reconocimiento de tal cosa, no me las mandan; les pido informes, no me lo hacen, aquí sí yo no digo vámonos (a efectuar las diligencias) quizás no se hace”.

Para resolver la situación en las islas, el ministro fiscal distrital de Guayas y Galápagos, Antonio Gagliardo, indica que son necesarios tres fiscales. Uno por cada cantón (Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela).

Según Gagliardo, desde este mes un nuevo fiscal se suma al trabajo en Santa Cruz. Mientras, espera que sea acogida la solicitud efectuada al Fiscal General, Washington Pesantes, para que se establezca a Galápagos como un distrito.

De esta forma, explica Gagliardo, el fiscal distrital de Galápagos se encargará de los procesos de fuero (contra alcaldes, prefectos y otras autoridades), que según la ley no puede hacerlo el actual funcionario del Ministerio Público de esa región. “Es absurdo que esos casos se traten en Guayaquil”.

En las autoridades del PNG es evidente la desazón por las acciones judiciales en las islas. “Hay cosas inexplicables. Por ejemplo, un juez de Santa Cruz tenía que hacer verificación de hechos en una isla, pero por orden de alguien, suspendió la diligencia y archivó el caso”, comenta –sin dar más detalles– el coordinador del PNG, Víctor Carrión.

El funcionario destaca la falta de sanciones contundentes para responsables de delitos ambientales, como el derrame de más de 200.000 galones de combustible registrado en el 2001 frente a las costas del archipiélago, donde los imputados están libres.
“Paradójicamente, en temas ambientales, la justicia en Galápagos no ha sido muy justa”, sostiene.

El jefe de Asesoría Jurídica del PNG, Óscar Cortez, considera como una “debilidad” el que los delitos ambientales se sancionen con prisión, en lugar de reclusión. Esta situación permite a los imputados pagar fianza y obtener su libertad.